Un dictamen emitido desde la Universidad de Murcia avala la tramitación municipal del PGOU

El alcalde, José López (MC), ha asistido esta mañana a la presentación del dictamen, realizado a instancias de la Cámara de Comercio de Cartagena, de la profesora del Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia (UM), Blanca Soro Mateo, sobre el alcance y efectos de la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena.

También han acudido a este acto, desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio, miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca; el director del Gabinete de Alcaldía, Jesús Giménez; la directora general de Ordenación del Territorio, Nuria Fuentes, así como representantes de los grupos municipales.

El referido informe, presentado por el presidente de la Cámara, Miguel Martínez, señala la necesidad de subsanar los defectos de forma, procurando la conservación del acto administrativo en beneficio de la seguridad jurídica al no existir una modificación sustancial.

Martínez ha indicado la idoneidad de “proteger el tejido productivo de la Comarca”, al tiempo que ha realizado un llamamiento “a la responsabilidad”. Del mismo modo, ha reseñado que la falta de vigencia del plan, y tener que regirse por el del 87, trae consecuencias negativas como la imposibilidad de que nuevas empresas puedan instalarse en el Valle de Escombreras, reseñando la importancia de resolver a la mayor brevedad la situación actual del PGOU al tratarse del acto administrativo más importante para una ciudad.

El alcalde, José López, ha señalado, durante su intervención, la satisfacción del Gobierno municipal ante “el resultado del informe”, además de agradecer el esfuerzo de la Cámara de Comercio para la realización del mismo. Igualmente, ha recordado que “desde el Ayuntamiento siempre hemos ido en este proceso de la mano de la Consejería de Fomento e Infraestructuras”.

López ha afirmado que “Cartagena no se puede permitir el pago de estar diez años sin plan general”, agradeciendo, por último, que los empresarios afectados por la paralización del PGOU no hayan solicitado su compensación ante los daños y perjuicios que se les ha ocasionado con el consiguiente menoscabo que provocaría en las arcas municipales.